Eficiencia de Recursos ,
Camino a la Equidad

De acuerdo con la ley 30 de 1992, las fuentes de recursos de las universidades estatales son tres: los recursos provenientes de la Nación, los recursos aportados por las entidades territoriales y los recursos propios de cada institución, los cuales se obtienen a través de venta de servicios, matrículas, derechos académicos, programas de extensión, consultorías o convenios de investigación, entre otros.

En cuanto a los recursos provenientes de la Nación, estos se aseguran y regulan mediante dos normatividades: los Artículos 86 y 87 de la Ley 30. El Artículo 86 garantiza a las universidades del Estado unos recursos fijos que provienen de la Nación y de las Entidades Territoriales, los cuales deben ser destinados a funcionamiento e inversión; el Artículo 87 por su parte fija el incremento anual de los recursos que aporta la Nación por artículo 86 de acuerdo con el crecimiento de la economía y de conformidad con los objetivos previstos para el Sistema de Universidades Estatales.

Los aportes de la Nación provenientes de la aplicación del artículo 86, que se constituyen en muchos casos en la principal fuente de financiamiento de las universidades, son distribuidos mediante una fórmula que garantiza su incremento en pesos constantes, tomando como base los presupuestos de 1993. A pesar de lo anterior, esta fórmula inercial de crecimiento de los aportes, no tiene en cuenta criterios de gestión de las universidades en términos de la eficiencia en el uso de los recursos ó del cumplimiento de las metas institucionales y de la política sectorial.

El Gobierno Nacional en el anterior Plan de Desarrollo (Ley 812 de 2003) buscó una modificación al esquema de distribución de estos recursos a partir de la aplicación de un Modelo de indicadores de gestión para la asignación de los mismos, el cual fue desarrollado por el Sistema de Universidades Estatales (Sue) y permite fijar unos criterios generales para identificar el nivel de eficiencia de las instituciones de educación superior en el manejo y productividad de sus recursos.

A pesar de lo anterior, el artículo 84 de la Ley 812 de 2003 fue declarado inexequible y por tanto la distribución de los recursos de funcionamiento e inversión de las universidades estatales referidos al artículo 86 de la Ley 30 sigue teniendo su tendencia inercial.

No obstante lo anterior, la distribución de los recursos correspondientes al artículo 87 de la Ley 30 de 1992, continúa aplicando el Modelo de Indicadores de Gestión diseñado por el Sistema de Universidades Estatales, el cual se ha ido perfeccionando con la participación activa de todas las instituciones que lo componen.

Se trata de un instrumento que combina la estadística y la matemática en un Modelo técnico que provee unos indicadores claros, los cuales permiten a la sociedad enterarse de cómo las universidades estatales producen resultados concretos.

Estos indicadores están distribuidos en cuatro grandes áreas: Formación, Producción Académica, Bienestar Universitario y Extensión, las cuales son entendidas como las principales áreas misionales de cualquier Institución de Educación Superior (Ies). Éstas son evaluadas a partir de la capacidad inicial que posee cada institución, entendida como la combinación de recursos ó insumos con que cuenta la Ies para la obtención de sus resultados misionales.

El Índice de Capacidad – Icad, que mide los recursos financieros, humanos, físicos y tecnológicos con los que cuentan las instituciones, es confrontado con los resultados que obtiene la institución en las cuatro áreas mencionadas, que reflejan la misión de la universidad.

La relación entre el índice de capacidad y cada uno de los índices de resultados constituye el marco de referencia para establecer el desempeño de cada universidad en el contexto del Sistema Universitario Estatal. Se trata de un Modelo dinámico, pues contempla un rango estático –el año anterior de la gestión–, y un rango dinámico que incluye vigencias anteriores.

El Modelo de Indicadores de Gestión tiene la virtud de ser acogido por consenso por todas las instituciones que conforman el Sistema de Universidades Estatales, Sue.

Este consenso se basa en la transparencia y objetividad del Modelo, en tanto permite que cada universidad se mida “consigo misma”, es decir, de acuerdo con sus propias características y capacidades, comparando aquellos recursos con los que cuenta con los resultados que produce.

Cada institución presenta sus resultados de manera independiente y estos, al ser cotejados con los de otras universidades, arrojan una media que establece una línea de regresión, permitiendo comparar y clasificar los grados de eficiencia de todas las universidades.

Recolección de la información

Se recoge la información y una comisión trabaja en su depuración y estandarización para entregarla a un grupo de estadísticos que hace el análisis de los resultados. Este grupo está conformado por cuatro doctores en estadística representantes de las Universidades Nacional, Antioquia, Valle e Industrial de Santander quienes analizan la información recogida y proponen Modelos de análisis.

Una vez los estadísticos proponen el Modelo, éste es revisado y aprobado por el equipo Directivo del Viceministerio de Educación Superior, quien con el apoyo de su equipo técnico hace la propuesta de distribución de recursos con base en los resultados de gestión producto del Modelo utilizado.

Este proceso es observado permanentemente por dos rectores comisionados por el Sue, de modo que hay un acompañamiento y una comunicación permanente entre el Ministerio y las universidades durante todo el proceso. El Sue también establece una comisión técnica que al final del proceso se reúne con el grupo de estadísticos y revisan los resultados y sus análisis.

La propuesta de distribución de recursos del artículo 87 de la Ley 30 es presentada por parte del Ministerio de Educación Nacional ante el Consejo Nacional de Educación Superior (Cesu), máximo órgano asesor y consultivo en materia de Educación Superior. En este punto, el Departamento Nacional de Planeación también tiene acceso a los resultados arrojados por el Modelo, y aunque no tiene una participación activa en el análisis o la ponderación de estos resultados, sus observaciones y sugerencias son tenidas en cuenta para optimizar la asignación de los recursos .

El monto total se distribuye en cuatro bolsas, una para cada grupo de indicadores. Así, por ejemplo, a una universidad puede corresponderle un monto más alto por su gestión en los indicadores de Bienestar, pero uno no tan nutrido en los indicadores de Formación. Las cuatro bolsas se unifican y la suma es el aporte definitivo que le corresponde a cada universidad. Una vez el Cesu aprueba esta distribución, el Ministerio de Educación elabora la resolución ministerial a partir de la cual se distribuyen estos recursos.

La socialización del Modelo

El proceso de desarrollo, implementación y aplicación del Modelo para la asignación de recursos ha sido consignado en un libro que será publicado en el primer semestre del próximo año. Esta publicación recogerá tanto el registro de sus desarrollos metodológicos, como los resultados de cada universidad.

Así mismo, se está desarrollando un mecanismo de socialización y transmisión de los insumos matemáticos y estadísticos construidos y probados en el Modelo, para capacitar a las universidades en el tema de los indicadores. Con estos insumos, las instituciones podrán hacer simulaciones y pruebas con los componentes evaluados, que les permitan planificar y proyectar su gestión.

De hecho el Modelo ya ha sido empleado para generar diagnósticos que permitan fortalecer y mejorar aspectos de la gestión universitaria que presentan debilidades.

De este modo, las universidades pueden gerenciarse de manera más eficiente, integrando los resultados del Modelo en sus planes de desarrollo.

La concepción e implementación del Modelo de Indicadores de Gestión para la educación superior es una iniciativa considerada por el Banco Mundial como una experiencia significativa en el uso de sistemas gerenciales, el organismo ha sugerido presentarla en escenarios internacionales. Parte de la labor de socialización del Modelo ya ha sido emprendida en los ámbitos académicos, por expertos en estadística que han trabajado en él.

El Modelo también ha sido acogido por algunas universidades privadas, que reconocen su eficacia como herramienta para medir su gestión. En este sentido, puede llegar a implementarse como sistema de referenciación general que permita establecer estándares, medidas y clasificaciones, para brindar un panorama general más preciso de la educación superior en el país.