| “En el mundo globalizado y teniendo en cuenta el rápido avance tecnológico, que hace que el conocimiento se vuelva obsoleto rápidamente, se debe buscar una educación superior para la adaptabilidad”. |
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| Colombia atraviesa hoy por un
momento crucial de su historia. Acaban de iniciarse las negociaciones
del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y las implicaciones
del mismo se sentirán en todos los ámbitos de la vida nacional, particularmente,
en el productivo, incluido el sector de la educación.
Este tratado implica una actitud nueva de nuestro país en el escenario global y, a través de él, Colombia manifiesta su interés de entablar nuevas y distintas relaciones con la economía mundial. Ello requiere un cambio cultural trascendente: la escala de valores propia de una economía cerrada debe replantearse, para responder de la mejor manera a los desafíos técnicos, económicos y jurídicos del nuevo esquema. El TLC es una realidad, a la cual no podemos ser ajenos ninguno de los sectores de la economía nacional. Si bien es cierto que el TLC no es la panacea que cualquier economía añoraría, sí son muchos los beneficios que de él se esperan. Ellos pueden resumirse en la siguiente afirmación: el TLC abrirá nuevas oportunidades de negocios de comercio exterior y dará lugar a procesos de inversión y acuerdos estratégicos que contribuyan a la mejor preparación de nuestros sectores productivos para la competencia internacional. En este escenario, la educación superior tiene una gran oportunidad que es, a su vez, un gran reto: apuntar a la calidad y a la pertinencia de sus programas, para que se encuentren al mismo nivel de los que podrían ofrecer instituciones extranjeras en el país. de los que podrían ofrecer instituciones extranjeras en el país. En esta línea de ideas, los procesos de acreditación de excelencia, institucional y de programas, así como la evaluación juiciosa de los resultados de los Exámenes de Calidad de la Educación Superior, cumplen un papel fundamental en esa tarea. La combinación de estos dos elementos, en los cuales se analizan los procesos y los productos obtenidos, dará herramientas a la educación superior para mejorar considerablemente su oferta. Adicionalmente, el Observatorio Laboral permitirá hacer un seguimiento a los egresados y determinar los aspectos que deben ser modificados en el proceso educativo, atendiendo a la calidad y a la pertinencia. |
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| Estas políticas de calidad son las que logran que las amenazas de un TLC se conviertan en verdaderas oportunidades para la educación superior del país. Todo ello implica un cambio en la escala de valores que mencioné anteriormente. Debemos pasar de una visión proteccionista sobre nuestros productos y servicios, a una actitud de apertura frente a los desafíos que nos impone la globalización; entre los cuales está la internacionalización de la educación. Es importante no perder de vista que esa apertura no significa, en ningún caso, desviar el norte de nuestra labor: formar a ciudadanos y profesionales de excelencia, que puedan desempeñarse en cualquiera de los escenarios que esta economía global les plantea hoy y que, como ya dije, les exige un alto grado de adaptabilidad. Finalmente, el TLC es una oportunidad para consolidar a la educación superior, como un sector importante en la interlocución de las negociaciones, dado que es ella la que puede nutrir, con los análisis y las asesorías técnicas necesarias, los debates que se darán en torno a los diferentes temas previstos. La complejidad y el impacto de las negociaciones hacen indispensable la presencia de la academia, como la tuvo la educación superior mexicana en la negociación del Nafta. |
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| Técnicamente, cuando
se lleva a cabo este tipo de negociaciones, se tienen previstas dos
listas o anexos. La lista uno corresponde a las medidas disconformes
o barreras específicas en cada sector. La lista dos incluye los sectores,
subsectores o las actividades específicas para los cuales se podrán
mantener o adoptar medidas nuevas que sean disconformes con los principios
del tratado. Para el TLC con los Estados Unidos, Colombia ha incluido
en la lista uno lo relacionado con la naturaleza jurídica de las instituciones
de educación superior y en la lista dos, los sectores considerados
altamente sensibles, la educación pública.
Como el tratado no contemplará temas migratorios, la posibilidad de movilidad y ejercicio profesional se obtendrá a través del reconocimiento de títulos basados en los sistemas de aseguramiento de la calidad, para lo cual se establecerá una comisión bilateral de estudio. Calidad, punto de partida La principal fortaleza reside en el hecho de tener un marco normativo claro, dado por la Ley 30 de 1992 y sus decretos reglamentarios, que establecen un sistema de aseguramiento de la calidad mediante el cual se puede garantizar que toda institución que quiera ofrecer un programa académico de cualquier nivel o establecerse en Colombia, debe cumplir unas condiciones de calidad, independientemente si es de origen nacional o extranjero. La verificación del cumplimiento de las mismas está a cargo de pares académicos a través de Conaces. A favor cuenta también el hecho de que existen en el país instituciones calificadas con cierta trayectoria en internacionalización, que están preparadas para abrir espacios en el mundo hispanoparlante. Una de las mayores debilidades se encuentra en el nivel de formación de los profesores y de la investigación, en Colombia el promedio de profesores con formación doctoral es bajo. Desde otro punto de vista, estas negociaciones plantean un reto y una oportunidad a las instituciones colombianas para que establezcan con mayor facilidad alianzas y convenios con instituciones extranjeras que apoyen la formación de alto nivel, especialmente la doctoral. Entre las amenazas sentidas por el sector está el temor a que se abandone la responsabilidad del Estado en cuanto a la educación como un servicio público y se pierda el papel protagónico del mismo, corriendo así el riesgo de que la educación se entregue al dominio extranjero con las implicaciones culturales que podría traer. En el caso colombiano, el hecho de incluir la educación en la lista dos (no entra en la negociación) y la fortaleza en cuanto al marco normativo, no permitirán que esto ocurra; el Estado seguirá teniendo el control y la vigilancia, con las herramientas dadas por el sistema de calidad. Existe también la prevención frente a que instituciones colombianas pierdan espacios que serán llenados por extranjeras. Dada la baja cobertura existente en Colombia, el campo para el crecimiento del sector es muy grande, de tal manera que con las estrategias de ampliación de cobertura planteadas en la Revolución Educativa, como el crédito educativo y al apoyo a las instituciones para su fortalecimiento, más jóvenes colombianos pueden acceder a una educación superior. El reto para el sector es grande. Las oportunidades son muchas. Lo más importante es no perder el derrotero de la educación superior en su búsqueda de formar profesionales que habrán de soportar los procesos de dirección, producción y pensamiento de nuestra sociedad en un mundo globalizado. |
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