Este rápido ascenso ha sido definitivo en el desarrollo de países como los del sureste asiático, China, Corea, Chile, Australia e Irlanda, donde la cobertura y la calidad de la educación han progresado de manera notable en los últimos años. Colombia ha realizado avances importantes, pero tiene todavía una baja cobertura (únicamente 22 de cada 100 jóvenes, entre 18 y 23 años, están hoy en algún programa de educación superior) y un bajo porcentaje de los programas (cercano al 5%) cuenta con una acreditación de alta calidad.

Efectivamente, además de la ampliación de cobertura a través de los sistemas tradicionales de educación, en los cuales predomina la clase magistral, las innovaciones tecnológicas de los últimos años, sobre todo en los campos de la informática y la comunicación, generan opciones diferentes de oferta educativa que amplían las mediaciones posibles tanto en educación a distancia como presencial.

Del mismo modo, algunos países han establecido o están estableciendo diferentes tipos de institucionalidad, tales como acuerdos de franquicia de programas de educación superior, redes de instituciones y de programas y diversidad de convenios. También, empresas de carácter nacional o multinacional ofrecen de manera directa educación no formal e inclusive educación formal titulada.

Como el tratado no contemplará temas migratorios, la posibilidad de movilidad y ejercicio profesional se obtendrá a través del reconocimiento de títulos basados en los sistemas de aseguramiento de la calidad, para lo cual se establecerá una comisión bilateral de estudio.

Calidad, punto de partida
Toda iniciativa que implique un cambio genera debate, en especial si se trata de un tema tan delicado como la educación. En este debate se han podido identificar fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, en torno a las cuales un grupo de universidades del país viene dando la reflexión y el debate, para hacer sus aportes, junto con el Consejo Nacional de Educación Superior, Cesu, al Ministerio.

La principal fortaleza reside en el hecho de tener un marco normativo claro, dado por la Ley 30 de 1992 y sus decretos reglamentarios, que establecen un sistema de aseguramiento de la calidad mediante el cual se puede garantizar que toda institución que quiera ofrecer un programa académico de cualquier nivel o establecerse en Colombia, debe cumplir unas condiciones de calidad, independientemente si es de origen nacional o extranjero. La verificación del cumplimiento de las mismas está a cargo de pares académicos a través de Conaces.

A favor cuenta también el hecho de que existen en el país instituciones calificadas con cierta trayectoria en internacionalización, que están preparadas para abrir espacios en el mundo hispanoparlante.

Una de las mayores debilidades se encuentra en el nivel de formación de los profesores y de la investigación, en Colombia el promedio de profesores con formación doctoral es bajo. Desde otro punto de vista, estas negociaciones plantean un reto y una oportunidad a las instituciones colombianas para que establezcan con mayor facilidad alianzas y convenios con instituciones extranjeras que apoyen la formación de alto nivel, especialmente la doctoral.

Entre las amenazas sentidas por el sector está el temor a que se abandone la responsabilidad del Estado en cuanto a la educación como un servicio público y se pierda el papel protagónico del mismo, corriendo así el riesgo de que la educación se entregue al dominio extranjero con las implicaciones culturales que podría traer. En el caso colombiano, el hecho de incluir la educación en la lista dos (no entra en la negociación) y la fortaleza en cuanto al marco normativo, no permitirán que esto ocurra; el Estado seguirá teniendo el control y la vigilancia, con las herramientas dadas por el sistema de calidad.

Existe también la prevención frente a que instituciones colombianas pierdan espacios que serán llenados por extranjeras. Dada la baja cobertura existente en Colombia, el campo para el crecimiento del sector es muy grande, de tal manera que con las estrategias de ampliación de cobertura planteadas en la Revolución Educativa, como el crédito educativo y al apoyo a las instituciones para su fortalecimiento, más jóvenes colombianos pueden acceder a una educación superior.

El reto para el sector es grande. Las oportunidades son muchas. Lo más importante es no perder el derrotero de la educación superior en su búsqueda de formar profesionales que habrán de soportar los procesos de dirección, producción y pensamiento de nuestra sociedad en un mundo globalizado.