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| Durante
1989 Australia implementó un modelo de financiamiento de la
educación superior pública que en la actualidad siguen,
a su manera, México, Ruanda y Etiopía, y que llama la
atención de países con bajos índices de cobertura.
El modelo australiano se desarrolla bajo una modalidad de crédito
estudiantil cuya regla de cobro se sustenta en la capacidad de pago
del egresado mediante un recaudo similar al del sistema impositivo. Para acceder al préstamo, el estudiante establece un contrato con la oficina de impuestos que le obliga a reembolsar al Estado un porcentaje de los dineros correspondientes a los gastos de matrícula (no superior al 26%), siempre y cuando exista ingreso laboral y este supere un nivel predeterminado. Adicionalmente, paga una sobre tasa que garantiza el seguro, ya que siempre existe el riesgo de no concluir los estudios, aunque el estudiante que deserte tenga la obligación de pagar la matrícula. Este mecanismo de financiación ha permitido incrementar los recursos del sistema educativo australiano. “Con su implementación, los ingresos crecieron rápidamente, el dinero se depositó en un fondo, se devolvió a las universidades, y hoy el sistema es más grande”, explica Bruce Chadman, director del Centro para la Investigación de Economía Política de Australia y profesor de la Escuela de Investigaciones de la Universidad Nacional de Australia. Y agrega: más grande y equitativo. Entre 1991 y 2000 ese país aumentó el número de estudiantes universitarios en un 30%, “los cupos para la población de menores ingresos crecieron en la misma proporción de otros estratos”. |
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| Precisamente
el sistema de cobro ha hecho que otros países interesados en
el modelo piensen dos veces antes de adoptarlo, especialmente aquellos
que presentan ingresos muy bajos, altos índices de desempleo
y poca capacidad de pago. Sin embargo, asegura Chadman, el desafío
internacional frente a la educación superior es compartido
y se hace necesaria la intervención del Gobierno en el mercado
de crédito aunque esto cause riesgos e incertidumbres. Así mismo, para mantener un alto índice de calidad en la educación, Australia ha implementado un sistema de referenciación que permite comparar universidades públicas según el nivel de complejidad, y evaluar iguales contra iguales; en otras palabras, universidades con un enfoque de investigación se equiparan con sus similares y no con instituciones que están dedicadas exclusivamente a la enseñanza. El sistema evalúa 67 áreas y define qué puede considerarse un ejemplo a seguir. Este mecanismo de evaluación se considera “objetivo” y con buenas prácticas, en particular porque examina la rentabilidad de la educación pública no sólo desde su carácter económico sino también social. |
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| El esquema chileno El modelo australiano dista notablemente del chileno. Chile es uno de los países con mayor participación de aportes privados en la financiación de la educación superior, estos representan el 75% de los aportes totales al sistema, promedio que supera con creces a Argentina, 25.7% y México, 12.1%. En contraste con otros países donde los estudios de educación superior son financiados en su totalidad por el Estado, el gasto público chileno en educación superior es tan sólo del 0,5% del PIB. La alta participación del gasto privado en el sistema chileno es el resultado de dos décadas de implementación de un marco regulatorio, que se fundamenta tanto en el diseño y la aplicación de incentivos para incorporar al sector privado a la prestación de servicios de educación superior, como en la promoción de la competencia entre las instituciones que forman parte del sistema. |
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Una estrategia adoptada para fomentar la competencia entre entidades de educación superior públicas y privadas es la asignación de los aportes fiscales indirectos. Desde 1989 el Estado direcciona recursos financieros oficiales a instituciones de educación superior que incorporen los estudiantes con mejores resultados en las Pruebas de Aptitudes Académicas (examen similar a las Pruebas de Estado del Icfes en Colombia). Es así como en 2002 el recurso asignado a las universidades bajo este mecanismo alcanzó el 8% del presupuesto estatal en educación superior. El Estado espera que, al ser los estudiantes quienes escogen las instituciones, éstas se vean obligadas a competir con programas de alta calidad y reconocimiento. Sin embargo, frente a la calidad de la educación superior, el gobierno chileno ha emprendido recientemente una reforma institucional, que busca implementar un sistema nacional de aseguramiento de la calidad y rediseñar los esquemas de financiación que puedan soportar una cobertura del 50% para el año 2012, aunque la cobertura ha venido creciendo: entre 1992 y 2003 pasó de 16,3% a 30.2% para la población entre 18 y 24 años. En materia de calidad, el gobierno de Chile espera implementar un sistema de acreditación de programas de pregrado y posgrado, así como un sistema de acreditación institucional. También ha iniciado el montaje de un sistema de información que asegure transparencia en la oferta académica y fortalezca la capacidad de elección de los estudiantes. De otra parte, la reingeniería del esquema de financiación pretende apoyar tanto el pago parcial de matrículas como el sostenimiento de los estudiantes de más bajos recursos. El nuevo esquema se fundamenta en tres herramientas: el otorgamiento de becas de méritos, asistenciales y de fomento institucional; la recuperación de cartera morosa de créditos estudiantiles por medio de incentivos tributarios y pago oportuno; y la asignación de créditos por méritos estudiantiles y calidad institucional combinado con instrumentos de ahorro programado. |
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