FINANCIACIÓN POR INDICADORES El Gobierno Nacional financia en un 90% a 31 universidades estatales que existen en el país, 20 de orden territorial y 11 nacional. Con el propósito de estimular el mejoramiento de las instituciones y permitir que las universidades con menores aportes tengan la oportunidad de alcanzar estándares de calidad, a partir de este año los recursos se asignan con base en indicadores y metas de cobertura, calidad y eficiencia. Para llevar a cabo la distribución se tienen en cuenta los siguientes elementos de política: • Se mantendrán los aportes totales de la Nación al conjunto de universidades estatales establecidos en los Artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992. • Se distribuirá un porcentaje creciente de los recursos en función de indicadores de desempeño y calidad. Este porcentaje no podrá exceder el 12% del total de los aportes, y será equivalente al 4% en el 2004, al 8% en el 2005 y al 12% en el 2006. • Se elaborarán concertadamente metas, con base en la misión institucional de cada Universidad y considerando además de la situación académica y administrativa actual de la institución, la definición y concertación de planes de mejoramiento en lo académico, administrativo y financiero. • Para la distribución de ese porcentaje de los recursos se analizará el logro de las metas definidas en dichos planes. Teniendo en cuenta lo anterior, el nuevo esquema de financiación basado en el uso de un sistema de indicadores de desempeño por institución busca: • Asignar los recursos en función de la definición y concertación de planes de mejoramiento en lo académico, administrativo y financiero. • Asignar los recursos en función del logro de metas definidas en esos planes. • Apoyar a las IES con menor grado relativo de desarrollo que implementen planes de mejoramiento y cumplan con las metas establecidas. |
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La educación superior en Colombia reclama desde hace años un sistema de indicadores que permita a las instituciones evaluarse, a la sociedad hacerles seguimiento y al Gobierno orientar las políticas de fomento y asignación de recursos. Sin embargo, siempre que se habla de indicadores surgen inquietudes en torno a la simplicidadde los mismos frente a la complejidad del objeto a medir. |
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Por eso, sólo con la participación de las Instituciones de Educación Superior, IES, es posible traducir en cifras su realidad. Fue así como el Sistema de Universidades del Estado, SUE, conformó una comisión técnica coordinada por cinco universidades (Nacional de Colombia, de Antioquia, Industrial de Santander, del Valle y Pedagógica Nacional), con el apoyo del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, Icfes, y del Ministerio de Educación Nacional, con la tarea de desarrollar un modelo de indicadores de gestión, y la responsabilidad de socializarlo regionalmente para que tenga legitimidad. | |||||||
| En el proceso
de concertación se encontraron factores de aproximación
conceptual y metodológica entre el Ministerio y el SUE y
hoy el modelo está terminado. Éste define un índice
de eficiencia que relaciona dos indicadores compuestos: índice
de capacidades académicas disponibles, ICAD, e índice
de resultados (IR). |
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| Recursos
y eficiencia El nuevo esquema orienta a las Instituciones de Educación Superior y al Gobierno Nacional en la toma de decisiones que conduzcan a un uso más eficiente de los recursos, impulsen el mejoramiento de su gestión, corrijan las disparidades regionales en la asignación de los aportes de la Nación, logren los objetivos del Plan de Desarrollo y fomenten la rendición de cuentas a la sociedad por parte de las Instituciones. A partir de este año los recursos se asignan de acuerdo con el desempeño. Es decir, se modifica el esquema de financiación de las Instituciones de Educación Superior Públicas que establecía la Ley 30 de 1992, cuya base era un crecimiento inercial del presupuesto vigente mediante un incremento al IPC, de tal forma que mantenía su valor en pesos constantes. Esta asignación inercial de los recursos ha tenido dos consecuencias principales: el presupuesto de las IES se incrementa automáticamente sin tener en cuenta criterios de eficiencia en el uso de los recursos, el cumplimiento de metas institucionales y las políticas sectoriales, y la asignación de los recursos bajo este esquema perpetúa una estructura en la distribución de los mismos que favorece a aquellas instituciones que en 1992 tenían mayores aportes. Para avanzar en ese camino, la Ley 812 de 2003, por la cual se aprueba la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, estipula en su Artículo 84 que “a partir de la vigencia de la ley, se concertará y acordará con los rectores de las universidades públicas, nacionales y territoriales los criterios y el procedimiento de una redistribución, basada en indicadores de gestión, de un porcentaje del total de las transferencias”, [...] “porcentaje [que] no podrá exceder el doce por ciento (12%)”. La Revolución Educativa se acerca así a un esquema de financiación de las Instituciones de Educación Superior Públicas que se soporte en la evaluación, pero mediante el uso de indicadores de desempeño que tengan en cuenta la heterogeneidad de las instituciones y sus niveles relativos de desarrollo. |
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